Contratación

Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en aplicación de lo dispuesto en su art. 3, Adif Alta Velocidad ostenta la consideración de Poder Adjudicador no Administración Pública. Además, se trata de una Entidad que opera en el ámbito de el RD Ley 3/2020, de 4 de febrero, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

En base a lo anterior, de conformidad con la Disposición Adicional 8ª puntos 2 y 3 de la Ley 9/2017 y con carácter general, la adjudicación de los contratos de Adif Alta Velocidad que tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirá por dicha legislación (RD Ley 3/2020).

Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se celebren en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por Adif Alta Velocidad se regirán por las disposiciones pertinentes de la citada Ley 9/2017 (artículos 318 a 320).

• Plataforma de Contratación del Sector Público
• Boletín Oficial del Estado
• Diario Oficial de la Unión Europea

Las condiciones de Contratación de ADIF AV para cada una de sus licitaciones figuran en sus pliegos de cláusulas administrativas particulares, en sus pliegos de prescripciones técnicas y en el resto de la documentación que ambos pliegos indiquen que tiene carácter contractual.

El proveedor interesado en presentar oferta puede obtener los documentos a través del enlace al Perfil del Contratante, donde se publican tanto los anuncios preceptivos como toda la documentación relativa a la licitación como, en su caso, actualizaciones.

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre contratación pública

Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales